Una madre localizó a su hijo entre los detenidos en un operativo federal contra el CJNG en el municipio Rincón de Romos. El joven, desaparecido meses atrás tras aceptar un trabajo, apareció con signos de tortura. Colectivos de búsqueda denuncian reclutamiento forzado.
AGUASCALIENTES, Ags (Proceso).– Las revelaciones hechas durante la audiencia de vinculación a proceso de 18 jóvenes detenidos en un operativo federal, realizado el 26 de julio último en la sierra de Pabellón de Hidalgo, municipio de Rincón de Romos, apuntaron por primera vez a la existencia de un “campamento de adiestramiento” atribuido al crimen organizado en Aguascalientes, un hecho sin precedentes en el estado.
La noticia del caso (y la ola de violencia que originó) han cimbrado a la entidad, que presume ser una de las más seguras del país.
El lugar fue nombrado expresamente como campo de adiestramiento por el Ministerio Público Federal y la defensa de los acusados durante la audiencia judicial celebrada el 1 de agosto último. Hasta entonces, las autoridades no habían detallado de qué tipo de espacio se trataba, aunque el fiscal estatal, Manuel Alonso García, dijo, vagamente, que en el campamento se realizaban labores de vigilancia por parte de un grupo criminal.
El hallazgo incluyó un arsenal de armas largas, cartuchos, cargadores, un lanzagranadas, chalecos antibalas con las siglas “CJNG” y una bolsa de plástico con un bloque de 742.5 gramos de clorhidrato de cocaína; así como objetos personales, alimentos, utensilios de cocina y mochilas. Entre los detenidos hay dos colombianos, uno de ellos, de acuerdo con su esposa, también tiene nacionalidad venezolana, así como personas originarias de municipios de Michoacán, Guanajuato y Coahuila.
Entre los detenidos también hay dos menores de edad y al menos cuatro que tenían ficha de desaparición reciente: Felipe de Jesús Hernández Valdivia, de 39 años, y Emanuel Núñez, de 28, desaparecidos el 28 de mayo de este año en circunstancias aún desconocidas; Arturo Sebastián García Yáñez, de 22 años, desaparecido el pasado 29 de mayo, y Carlos Antonio Esparza Medina, de 18 años, desaparecido el 23 de junio.
Carlos Antonio había aceptado un trabajo como staff en una clínica de rehabilitación en Guadalajara cuando su familia perdió contacto con él, según lo señalado por Cynthia Medina, su madre, que forma parte del Colectivo Buscando Personas, Verdad y Justicia.
Las versiones oficiales sobre cómo se detectó el campamento difieren: mientras el fiscal estatal asegura que se debió a “denuncias anónimas” recibidas semanas atrás, el Ministerio Público Federal expuso que el operativo se activó después de que un helicóptero de seguridad fue atacado desde el campamento.
Fuentes federales aseguraron a Proceso que el despliegue fue motivado por la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a Zacatecas ese mismo día.
La respuesta al hallazgo fue una ola de violencia en todo el estado que tomó por sorpresa a las autoridades. Incluyó la quema de cinco tiendas de conveniencia y un depósito de cerveza, así como una decena de automotores incendiados, entre ellos tráileres, camiones, una combi del transporte público foráneo y un camión del transporte público urbano.
Los incendios bloquearon tres carreteras federales y otras estatales. También se reportó el hallazgo de dos cuerpos calcinados en los límites entre los municipios de Tepezalá y Pabellón de Arteaga, al norte de la entidad.
Y aunque la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y la fiscalía local anunciaron la detención de nueve personas por los hechos violentos, sólo dos están presuntamente implicadas con los incendios. Las siete restantes fueron detenidas por la posesión de diversas cantidades de droga.
Esa violencia, sin embargo, no es nueva. Desde 2023 (el primer año de la administración de la panista Teresa Jiménez Esquivel) la población ha vivido el recrudecimiento de la delincuencia con el crecimiento en 72.1% de la tasa de incidencia delictiva y de 28.4% en la de prevalencia delictiva, indican datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe).
Los porcentajes colocaron a Aguascalientes, por primera vez, entre los tres estados del país con mayores incrementos en tasas de inseguridad.
Las desapariciones también han aumentado en el estado, así como las extorsiones y el cobro de piso.
De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, los casos aumentaron en 2024, cuando pasaron de 39 en 2023 a 135. En lo que va de 2025 se han reportado 73 casos. La mayoría son hombres entre 15 y 49 años.
Los municipios con mayores cifras son la capital del estado, Rincón de Romos, San Francisco de los Romo y Pabellón de Arteaga.
Tortura y desamparo
Yuridia Bello Camacho, jueza de distrito encargada de la vinculación a proceso, solicitó abrir una carpeta de investigación por las lesiones que presentaron los detenidos, como quemaduras y golpes en el rostro y cuerpo. Uno de ellos será examinado por posibles daños graves en el riñón y otro recibió un disparo en la pierna.
De acuerdo con familiares de los jóvenes, durante la primera parte de la audiencia, realizada a inicios de la semana pasada, se denunció que estuvieron privados de su libertad de dos a cuatro horas desde su detención y hasta que fueron presentados ante las autoridades judiciales.
Pese a la solicitud del abogado de uno de los detenidos para que comparecieran nueve policías estatales, nueve militares y un miembro de la Guardia Nacional que, dijo, fueron los responsables de las aprehensiones, ninguno asistió a declarar.
Los detenidos fueron vinculados a proceso por los delitos de acopio de armas, posesión de armas de uso exclusivo del Ejército, posesión de cartuchos y cargadores, asociación delictuosa y delitos contra la salud; cinco de ellos tienen agravantes por, presuntamente, haber disparado a elementos federales.
Durante la audiencia, el Ministerio Público Federal solicitó distribuir a los jóvenes detenidos entre los penales federales de Guanajuato, Michoacán y Chiapas “atendiendo a las circunstancias de los hechos y su probable relación con un grupo delictivo, para prevenir que puedan tomar control carcelario del penal estatal”. La solicitud fue aceptada por la jueza. El plazo para el traslado vence el 18 de agosto próximo.